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La Organización de las Naciones Unidas declaró el 23 de junio Día Internacional de las Administraciones Públicas, entendiendo que de la gestión que estas hagan de los servicios públicos dependerá en gran medida el bienestar de la sociedad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En su estructura cuenta con un Comité de Expertos en Administración Pública que celebró su vigésima primera sesión en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 4 al 8 de abril de 2022. El tema general de la sesión fue “Transformar las instituciones y la gobernanza para avanzar mejor hacia 2030”.

En la Resolución que se elaboró tras la reunión se destacó, entre otras cosas, dos asuntos que, a mi juicio esconden claves importantes para el avance o mejora de los objetivos de una Administración Pública.

La fuerza laboral del sector público. Confundir Gobierno con empleado público provoca en la ciudadanía cierta desconexión, sobre todo por la polarización partidista del gobierno de turno. Existe un hastío evidente de discursos populistas en los que la objetividad con la que se manifiesta una Administración se confunde. Todo ello genera una propagación de información confusa, engañosa, incluso verosímil, aunque no cierta. La mentira viaja rápido, se instala en el sujeto y echa raíces muy difíciles de extraer. Así que una vez que la población ha comprado un relato, es extenuante hacerle entender la verdad.

Casos hay cientos, pero tenemos recientes la información sobre la pandemia, la objetiva, de los funcionarios y la interesada de los adalides políticos. Podemos echar la vista atrás y recordar aquella penosa historia de los técnicos del Banco de España cuyos informes y actas (¡Ay, las actas!) advirtiendo la debacle se quedaron enterrados bajo papeles más favorecedores para algún directivo interesado.

Si no puedes confiar en una institución oficial, si no apoyas y refuerzas la independencia del trabajo de los funcionarios en el desempeño de su labor ¿qué queda?

Otro de los asuntos que destacaba la Resolución es la fragmentación de la responsabilidad para combatir el cambio climático, la incoherencia de las políticas entre las Administraciones. Aunque existe un convencimiento generalizado de la importancia de proteger el medio ambiente y la biodiversidad, las medidas que se adoptan por un lado chirrían con las que se permiten por otro.

Es posible que a nivel internacional y, por transposición a nivel nacional también, se esté avanzando en objetivos importantes para mitigar el cambio climático, pero a nivel local y sobre todo en poblaciones más desfavorecidas es extremadamente difícil poner en práctica esas medidas. De manera que asistimos una y otra vez a crisis por inundaciones, sequías, incendios forestales que suelen estar relacionadas con el cambio climático.

No se trata de buscar culpables, pero sí soluciones. ¿Qué Administración debe mantener los bosques limpios? ¿Qué Administración debe evitar que se construya en lugares inundables? ¿Qué Administración debe velar por el ahorro y eficiencia en el uso del agua? Probablemente la Administración General del Estado, la de la Comunidad Autónoma y la local tengan algunas competencias, actuaciones o tareas que llevar a cabo para evitar este tipo de desastres. Y recordemos que la Constitución española exige que todas actúen bajo la premisa de la coordinación, entre otras cosas.

Yo no veo otra manera de mejorar nuestras Administraciones Públicas que implicarnos en exigir un nivel de eficiencia razonable, porque ya sabemos que ni tienen todos los recursos financieros adecuados ni tienen personal suficiente para trabajar con rapidez y efectividad. Sí, es un gasto público considerable. Pero si queremos servicios públicos de calidad, que revertirán en beneficio de la sociedad, merece la pena la inversión. Habrá que priorizar gastos.

Una Administración Pública puede ser un monstruo que engulla a sus ciudadanos con una aplicación implacable de la Ley, dirigida además por según qué personajes políticos puede ser un monstruo que muerda y se lleve los recursos a intereses particulares. La esperanza está en sus empleados públicos, en esos funcionarios que actúan con independencia de la ideología política y desarrollan su actividad pensando en el interés general de la sociedad.

Aún así, las relaciones de la Administración, tanto a nivel interno como con sus ciudadanos son todavía ampulosas y densas. La Ley de Procedimiento Administrativo es un peñazo, necesaria, pero pide a gritos una simplificación y adaptación a la sociedad moderna. Sin embargo, hemos avanzado mucho para que las personas no solo dejemos de sentirnos ahogadas por esa enorme maquinaria sino que podamos servirnos de ella, más allá de los servicios públicos que gestionan.

Ese bendito acercamiento te lo cuento aquí en dos minutos.

Recuerdo, hará más de diez años, la única carnicería que existía en cierta comarca manchega. Se compraban riquísimos corderos lechales, pero el cliente para ser atendido tenía que esperar a que el carnicero terminara su partida de cartas. Aquel día, primera y última vez que fui, habría unas 10 o 12 personas esperando, algunas sentadas en cochambrosas sillas arrinconadas, otras aguantando de pie estoicamente, todas frente al expositor. ¿Qué pasa, dónde está el carnicero?. Está terminando de jugar en el bar de al lado. ¡¡¿Cómo?!! Ya sabía él, como buen tirano, que toda aquella gente perdería su tiempo y su energía en esperar a que él hiciera lo que le saliera de los …

Hace unos tres años el pequeño tirano tuvo que dejar las partidas de cartas para sus ratos libres porque en el pueblo de al lado había surgido otra carnicería con igual género y mejor servicio.

Tachán!!! Gracias competencia, gracias por mejorar la vida del consumidor.

Es indiscutible que la competencia es absolutamente necesaria para aumentar la calidad del servicio al ciudadano. Cualquier regulación debe ir dirigida a beneficiar al consumidor, asegurar las mismas reglas del juego para todos los operadores y facilitar la innovación en el negocio. La vida está repleta de ejemplos.

De modo que cuando veo al sector del taxi, al que le tengo un profundo respeto, cómo intenta expulsar del mercado de la movilidad urbana a los VTC, se me viene a la cabeza aquella imagen del indolente jugador de cartas y de la abandonada y resignada clientela.

Soy testigo de cómo ha mejorado el servicio del taxi en los últimos años. Recuerdo con horror algunas experiencias desagradables, de vehículos en malas condiciones y taxistas mal educados y poco aseados. La escalada hacia donde están ahora, que rara vez les puedo poner un pero en el servicio que prestan, ha sido vertiginosa y extraordinaria. Y solo se debe a un factor, como en aquella carnicería manchega. A la competencia. La entrada en el mercado de los VTC.

De repente, como sucede en cualquier servicio público o privado, la amenaza de la entrada de otro operador que pueda prestar mejor servicio que tú, hace que espabiles y reflexiones sobre por qué el ciudadano prefiere al otro y no a ti.

Hablando en aquel entonces con algunos taxistas, me comentaban que muchos lo habían entendido. Les costó, porque la mayoría tiene querencia a su zona de confort, pero imagino que aquellos tirarían de los más tradicionales para hacerles entender que o adaptación o muerte. Y el servicio mejoró, y mejoró hasta la excelencia con la que desempeñan su trabajo mucho de ellos, probablemente la mayoría.

En España hay 70 mil licencias de taxi, y por lo visto hace muchos años que esta cifra no aumenta. Es un servicio público, aunque no se presta por funcionarios sino por miles de autónomos que curiosamente venden o heredan una licencia otorgada por un ayuntamiento. Esto no se entiende en una sociedad moderna. Sus tarifas están tasadas y los conductores tienen una formación y solvencia que se ajusta a unos códigos determinados.

Es obvio que si las cifras de licencias no aumentan, faltan taxis para ofrecer el mismo servicio a una población mucho mayor que antes. Podría parecer que esto solo beneficia a los taxistas, en absoluto al ciudadano.

Y entra la competencia con un modelo de negocio adaptado a la era tecnológica y basado en lo que puede necesitar el consumidor: cuánto le va a costar y a golpe de clic. El negocio no se basa en haber heredado o recomprado una licencia y tener que amortizarla a base de ser el único que ofrece el servicio, sino en saber lo que el cliente quiere y necesita y ofrecérselo.

En la actualidad hay 13 mil licencias VTC.

La norma estatal, el Real Decreto-Ley 13/2018, impone restricciones a los VTC a favor del taxi y establece, entre otras medidas, la habilitación a las comunidades autónomas para que, por delegación del Estado, otorguen las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora de ámbito nacional, para modificar las condiciones de explotación de este servicio.

En algunas regiones has sido expulsados, en Madrid se acaba de aprobar una regulación que les permite desarrollar su negocio bajo ciertas premisas, una de ellas es la formación y otra es la restricción de ser solicitados solo mediante APP. Las paradas y la mano alzada en la calle sigue siendo monopolio del taxi.

En Valencia se aprobó una Ordenanza de Movilidad que obliga a precontratar los VTC con una hora de antelación, mientras que el taxi puede ser accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. Además obliga a sustituir, cuando toque, cada vehículo VTC por otro de Cero Emisiones. Nada respecto al taxi ¿Se puede ser más descarado?

En España existe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desarrolla su actividad con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado, se somete a control parlamentario y está legitimada para impugnar los actos administrativos y normas no de ley que impidan o dificulten la competencia.

Recientemente la CNMC ha solicitado la supresión de artículos de esa Ordenanza del ayuntamiento de Valencia por entender que “la normativa impone una serie de requisitos a las VTC que la CNMC considera que afectan negativamente a la competencia entre los operadores de VTC y el taxi y que perjudica a los consumidores”. En cualquier caso, la norma estatal también contempla esta desventaja enfermiza entre unos y otros.

Veremos como termina esta lucha por la competencia, de momento la CNMC ha impugnado la Ordenanza porque los artículos no fueron suprimidos.

Percibo que hay un elemento que impregna toda esta normativa restrictiva a la competencia. Y es la falta de empatía con el ciudadano. No se acaba de ver que cada vez que dan ventaja a un operador respecto a otro están mermando la libertad del ciudadano a escoger con un criterio de calidad. Por alguna razón se rinden con facilidad a la presión que ejerce un operador tradicional, conservador, anclado en un modelo de negocio obsoleto (recordemos que la adquisición de licencias de taxi no es un método muy razonable).

Hoy en día encuentro que ambos prestan un buen servicio al ciudadano. De manera que cada vez elijo libremente como consumidora lo que en cada momento me venga mejor. Lo que no quiero ni debo consentir es que nadie elija por mí o expulse a un competidor amparándose en una situación de fuerza o privilegio. Si ha de salir del mercado que sea porque así lo decida el consumidor con sus decisiones.

Esos ayuntamientos y esos comentarios desafortunados del sector del taxi invitando abruptamente a que los VTC desaparezcan, ¿no deberían preguntar al usuario si queremos que desaparezcan?

Regúlese con justicia y con equidad, pero no mermen la competencia porque entonces privarán al consumidor de elegir qué servicio, cómo y cuando quiere contratar.

No me obliguen a volver a aquella carnicería donde el tirano se permitía jugar a las cartas con mi tiempo y mi dinero.

¿Acaso podemos decir que no? Que favorece ciertos intereses o industrias es obvio, pero que tiene un efecto disuasorio brutal es incuestionable. Conviene una reflexión respecto al punto de vista con el que percibimos ahora la Alianza.

Recuerdo que estaba yo en BUP cuando se celebraba el referéndum de la OTAN. Se recogía aquí y allá la opinión de los españoles, encuestas en la calle, debates en la tele y hasta se fomentaba la discusión en los institutos. Recuerdo la pregunta y la reflexión anodina que hacíamos los chavales y chavalas de 14 años sobre la conveniencia de que España se integrara militarmente en la OTAN.

Pronto viviríamos un desarrollo económico que nos permitiría viajar, conocer mundo, sentir como más cercano todo aquello que antes solo estaba en los mapas. Llegaría la globalización y con ella sus ventajas y sus amenazas.

Vivimos años de bonanza, de seguridad, de confianza. Hasta que llegó el 11S y el 11M. Y todo se torció. Viajar y conocer mundo era un suplicio de barreras de seguridad, visitar enclaves históricos era ver pelotones armados a las puertas de los grandes monumentos. Una sensación de peligro controlado. Y tenía que ser así, sin duda. Nos acostumbramos a una amenaza constante.

La pandemia volvió a retorcerlo todo y ahora, que parecía que llegaba la hora valle, asistimos perplejos y horrorizados a una guerra sin argumento en la que se vacía un arsenal militar sobre un país soberano y prácticamente indefenso.

¿Quién podía creer esta locura hace unos años?

Anda que si aquel referéndum lo hicieran ahora… aquel 52% que dijo Sí a la OTAN, con todo lo visto y lo vivido apuesto a que llegaría al 90%.

El proceso de integración total de España en la OTAN comenzó en 1981 cuando comunicó su intención de adherirse en tiempos de Calvo Sotelo. El 30 de mayo de 1982 se convirtió en el miembro número 16 de la Alianza, meses después se suspendieron las conversaciones por la controversia sobre el alcance de la integración militar española. Con Felipe González en el gobierno, el no de su campaña se convirtió en un sí tras un referéndum cuyo 52,54% decidió la participación de España en todos los comités, grupos, agencias y planes de defensa. No obstante fue en 1996, siendo Secretario General de la OTAN Javier Solana, cuando el Congreso dio luz verde al ingreso en la estructura de mandos de la OTAN, y un año después se celebró en Madrid la Cumbre de la Alianza y se comunicó la plena participación de España en la estructura militar.

125.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas han participado en las operaciones de la OTAN desde entonces. España dota de medios y capacidades, participa en las operaciones de misiones de la OTAN cubriendo por vía área, marítima y terrestre los conflictos en distintas partes del mundo y es el séptimo país por su contribución financiera a la Alianza.

Hoy en día, la OTAN moviliza unos 20 mil militares en operaciones internacionales para promover la seguridad y la estabilidad no solo en los Estados miembros sino en los más de 40 países socios, desde Europa central y oriental hasta Asia y el Pacífico.

Desde que se creó en 1949, la Alianza tuvo enfrente, al otro lado del espejo, al pacto de Varsovia, pero con la caída del muro de Berlín en 1989 la “guerra fría” fue desapareciendo. Los oscuros espías pasaron a infiltrarse en las sedes diplomáticas que Rusia tenía en la OTAN y la OTAN en Moscú. Escuchaba el otro día en “La rosa de los vientos” de Onda Cero, contar cómo captaban a mujeres solas, atractivas y necesitadas y cómo las instruían para relacionarse, incluso hasta el matrimonio, con el fin de sacar información a los cargos de los países aliados.

Esta relación diplomática se rompió cuando Rusia se anexionó por toda la cara la península de Crimea en 2014, el año pasado ya hubo expulsión de diplomáticos, cierre de delegaciones y bueno, no nos vamos a olvidar de Trump y su “esto no vale para nada, no vamos a mantenerla más”. Todo ha ido de mal en peor y ya sabemos lo que tenemos en la actualidad.

La actividad de la OTAN entra en escena cuando la diplomacia fracasa, entonces se emprenden operaciones de gestión de crisis bajo la cláusula de defensa colectiva del Tratado, el famoso Artículo 5, o por requerimiento de Naciones Unidas.

Artículo 5 del Tratado (cuyos originales se conservan en el archivo del Gobierno de los EE.UU.): “Las Partes acuerdan que un ataque armado contra uno o más de ellos en Europa o América del Norte se considerará un ataque contra todos ellos y, en consecuencia, acuerdan que, si tal ataque armado ocurre, cada uno de ellos, en ejercicio del derecho de o la legítima defensa colectiva reconocida por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes atacadas tomando inmediatamente, individualmente y en concierto con las demás Partes, las acciones que considere necesarias, incluido el uso de armas fuerza, para restaurar y mantener la seguridad del área del Atlántico Norte”.

El artículo 5 es trending topic mundial. Por una parte es el que nos protegería al contraataque en caso de agresión aunque más bien actúa como elemento disuasorio. Y espero que siga así. Ese número 5 es el que separa la guerra mundial, suponemos que apocalíptica, de la guerra vista desde la frontera OTAN-Ucrania, un triste espectáculo en el que un país soberano es devorado lentamente por un gigante preparado para ello.

Este es el contexto en el que Madrid recibió el pasado 30 de mayo al Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, ex Primer Ministro de Noruega, para participar en la celebración del 40 Aniversario de la adhesión de España en el Teatro Real de Madrid.

Y con este mismo motivo Madrid albergará en el IFEMA durante los días 28, 29 y 30 de junio de 2022 la cumbre de la OTAN en la que recibiremos a los jefes de Estado y de Gobierno de los países aliados

Prepárate Madrid, que sales. Una vez más, cortes de calles, despliegue policial, hostelería, restauración, colapso y lucimiento. No hay triunfo sin dolor. La ciudad está acostumbrada a organizar con éxito eventos de cualquier índole, envergadura e importancia. No sólo Madrid, cualquier ciudad española tiene solvencia como organizadora de grandes encuentros. No somos el París de la última Champions.

_{Fuentes: web OTAN (Imágenes y documentación). Gobierno de España (Defensa, Exteriores, Presidencia)}