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La Organización de las Naciones Unidas declaró el 23 de junio Día Internacional de las Administraciones Públicas, entendiendo que de la gestión que estas hagan de los servicios públicos dependerá en gran medida el bienestar de la sociedad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En su estructura cuenta con un Comité de Expertos en Administración Pública que celebró su vigésima primera sesión en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 4 al 8 de abril de 2022. El tema general de la sesión fue “Transformar las instituciones y la gobernanza para avanzar mejor hacia 2030”.
En la Resolución que se elaboró tras la reunión se destacó, entre otras cosas, dos asuntos que, a mi juicio esconden claves importantes para el avance o mejora de los objetivos de una Administración Pública.
La fuerza laboral del sector público. Confundir Gobierno con empleado público provoca en la ciudadanía cierta desconexión, sobre todo por la polarización partidista del gobierno de turno. Existe un hastío evidente de discursos populistas en los que la objetividad con la que se manifiesta una Administración se confunde. Todo ello genera una propagación de información confusa, engañosa, incluso verosímil, aunque no cierta. La mentira viaja rápido, se instala en el sujeto y echa raíces muy difíciles de extraer. Así que una vez que la población ha comprado un relato, es extenuante hacerle entender la verdad.
Casos hay cientos, pero tenemos recientes la información sobre la pandemia, la objetiva, de los funcionarios y la interesada de los adalides políticos. Podemos echar la vista atrás y recordar aquella penosa historia de los técnicos del Banco de España cuyos informes y actas (¡Ay, las actas!) advirtiendo la debacle se quedaron enterrados bajo papeles más favorecedores para algún directivo interesado.
Si no puedes confiar en una institución oficial, si no apoyas y refuerzas la independencia del trabajo de los funcionarios en el desempeño de su labor ¿qué queda?
Otro de los asuntos que destacaba la Resolución es la fragmentación de la responsabilidad para combatir el cambio climático, la incoherencia de las políticas entre las Administraciones. Aunque existe un convencimiento generalizado de la importancia de proteger el medio ambiente y la biodiversidad, las medidas que se adoptan por un lado chirrían con las que se permiten por otro.
Es posible que a nivel internacional y, por transposición a nivel nacional también, se esté avanzando en objetivos importantes para mitigar el cambio climático, pero a nivel local y sobre todo en poblaciones más desfavorecidas es extremadamente difícil poner en práctica esas medidas. De manera que asistimos una y otra vez a crisis por inundaciones, sequías, incendios forestales que suelen estar relacionadas con el cambio climático.
No se trata de buscar culpables, pero sí soluciones. ¿Qué Administración debe mantener los bosques limpios? ¿Qué Administración debe evitar que se construya en lugares inundables? ¿Qué Administración debe velar por el ahorro y eficiencia en el uso del agua? Probablemente la Administración General del Estado, la de la Comunidad Autónoma y la local tengan algunas competencias, actuaciones o tareas que llevar a cabo para evitar este tipo de desastres. Y recordemos que la Constitución española exige que todas actúen bajo la premisa de la coordinación, entre otras cosas.
Yo no veo otra manera de mejorar nuestras Administraciones Públicas que implicarnos en exigir un nivel de eficiencia razonable, porque ya sabemos que ni tienen todos los recursos financieros adecuados ni tienen personal suficiente para trabajar con rapidez y efectividad. Sí, es un gasto público considerable. Pero si queremos servicios públicos de calidad, que revertirán en beneficio de la sociedad, merece la pena la inversión. Habrá que priorizar gastos.
Una Administración Pública puede ser un monstruo que engulla a sus ciudadanos con una aplicación implacable de la Ley, dirigida además por según qué personajes políticos puede ser un monstruo que muerda y se lleve los recursos a intereses particulares. La esperanza está en sus empleados públicos, en esos funcionarios que actúan con independencia de la ideología política y desarrollan su actividad pensando en el interés general de la sociedad.
Aún así, las relaciones de la Administración, tanto a nivel interno como con sus ciudadanos son todavía ampulosas y densas. La Ley de Procedimiento Administrativo es un peñazo, necesaria, pero pide a gritos una simplificación y adaptación a la sociedad moderna. Sin embargo, hemos avanzado mucho para que las personas no solo dejemos de sentirnos ahogadas por esa enorme maquinaria sino que podamos servirnos de ella, más allá de los servicios públicos que gestionan.
Ese bendito acercamiento te lo cuento aquí en dos minutos.
